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San Luis Potosí. Simplificar la vida de los ciudadanos y brindar mayor certeza al capital privado son los objetivos del paquete de reformas que el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann presentó para su discusión en la Cámara de Diputados durante el último periodo ordinario de sesiones.
El proyecto contempla modificaciones a cinco ordenamientos clave: la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Vivienda, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley Agraria.
En conjunto, las propuestas buscan eliminar lo que el legislador calificó como un “freno burocrático” que dificulta la apertura de negocios, complica el transporte de alimentos y deja desprotegidas diversas operaciones inmobiliarias.
“Debemos cambiar la lógica de la función pública. El gobierno tiene que facilitar la actividad económica, no entorpecerla. Si una dependencia ya tiene los documentos de un ciudadano, es absurdo que otra oficina se los vuelva a pedir”, señaló Valladares al explicar el sentido de sus propuestas.
Los cuatro ejes centrales de la propuesta
Blindaje contra el retroceso en los trámites. La iniciativa establece como un derecho que las autoridades no puedan exigir documentos o datos que ya obren en poder del Estado, obligando a las dependencias a compartir dicha información internamente por medios digitales.
Asimismo, eleva a rango legal el principio de Progresividad Regulatoria, con el objetivo de evitar que, con cada cambio de administración en cualquiera de los tres niveles de gobierno, vuelvan a imponerse requisitos o inspecciones que previamente habían sido eliminados, garantizando reglas más estables para los ciudadanos.
Plazos estrictos y Afirmativa Ficta. Si una dependencia no responde una solicitud dentro del plazo establecido por la ley, el trámite se entenderá como aprobado automáticamente. La medida contempla excepciones en asuntos relacionados con salud, seguridad o medio ambiente, y busca evitar que los expedientes permanezcan indefinidamente detenidos en las ventanillas gubernamentales.
Orden en el sector inmobiliario. La propuesta retoma la experiencia de San Luis Potosí para plantear la creación de un Registro Nacional de Profesionales Inmobiliarios, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
El registro exigiría 120 horas de capacitación y contratos transparentes ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con el objetivo de reducir los fraudes que, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), superarían los 600 millones de pesos al año.
Valladares señaló además que actualmente se trabaja de manera coordinada con AMPI Nacional para presentar, de forma complementaria, una iniciativa Federal de Intermediación Inmobiliaria que permita regular el ejercicio profesional de esta actividad, mediante contratos tipificados, transparencia en las comisiones y mecanismos de protección contra fraudes en arrendamientos y operaciones de preventa.
Trámites digitales para el campo. La iniciativa contempla la creación del Expediente Digital Único del Productor, además de eliminar las inspecciones duplicadas durante el traslado de cosechas y ganado.
De acuerdo con la propuesta, esta medida beneficiaría a más de 4.6 millones de unidades de producción agropecuaria registradas por el INEGI en el Censo Agropecuario 2022.
Coordinación con el ámbito municipal
Al abordar el impacto de estas reformas en los gobiernos locales, Valladares precisó que el paquete es respetuoso del artículo 115 constitucional y de la autonomía de los Ayuntamientos.
“No intervenimos en las facultades de los municipios para regular su comercio ni sus ingresos. Lo que fijamos desde la ley federal es un catálogo de derechos digitales para que a ningún ciudadano, inversionista o emprendedor se le detenga una inversión por ineficiencias administrativas”, concluyó el legislador.
El proyecto contempla aprovechar sistemas tecnológicos que ya se encuentran en operación, como Llave MX y la infraestructura de la Agencia de Transformación Digital, por lo que, de acuerdo con la propuesta, no requeriría un impacto adicional en el presupuesto público.
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