#Arbitrariedad
Por: Redacción
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. — En un acto que evidencia la falta de protocolos y el actuar impune de las fuerzas de seguridad locales, la tarde de este domingo fue detenida de manera arbitraria la abogada y activista Celia García Valdivieso, fundadora y directora del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz A.C. El arresto, ejecutado por elementos de la Policía Municipal preventiva, desató una ola de indignación en el sector civil.
Los acontecimientos ocurrieron en las inmediaciones del «Hogar del Niño» durante el desarrollo de una actividad espiritual. Según los reportes, un joven que salía del recinto fue interceptado por oficiales municipales para una supuesta «inspección de rutina». Tras negarse a la revisión por considerarla infundada, el ciudadano fue arrestado de inmediato.
Al percatarse del abuso, García Valdivieso intervino pacíficamente en su calidad de defensora de derechos humanos para evitar la detención ilegal. En respuesta, los elementos preventivos arremetieron contra la abogada, privándola también de su libertad.
Tras permanecer retenidos durante varias horas, ambos civiles fueron liberados. Ante la gravedad de la situación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, recurrió a las redes sociales para intentar contener el impacto político.
A través de un video —calificado por activistas como un acto de protagonismo y vergüenza institucional—, el funcionario argumentó que se «dialogó» con los afectados y justificó el atropello catalogándolo simplemente como un «error».
Este lunes, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos reconoció la gravedad del incidente durante una entrevista. El edil admitió de manera tajante que «ayer domingo fue un mal día para los potosinos» debido al proceder de su corporación. Asimismo, aseguró que ya se inició una investigación interna para deslindar responsabilidades y sancionar a los elementos involucrados.
Este caso deja al descubierto la vulnerabilidad de la población frente a las fuerzas del orden de San Luis Potosí. Si una reconocida abogada, experta en materia jurídica y defensora del sector civil, es violentada a plena luz del día, la pregunta es inevitable: ¿Qué puede esperar un ciudadano común ante el criterio de estos elementos policiacos?
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