#Zafarrancho
SAN LUIS POTOSÍ, SLP. – Una fuerte confrontación física y verbal ocurrida dentro de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encendió las alarmas tras difundirse masivamente en redes sociales. El incidente, protagonizado por una empleada —presuntamente del área administrativa— y una usuaria del servicio, generó indignación entre la población y obligó a las autoridades institucionales a pronunciarse de inmediato.
Ante la gravedad de las imágenes, la Representación del IMSS en San Luis Potosí emitió el siguiente comunicado oficial de forma íntegra:
«En relación con los hechos observados en un video que involucra a una trabajadora y una derechohabiente en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 47, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí informa:
El IMSS en San Luis Potosí rechaza cualquier acto de violencia, agresión o conducta que atente contra la integridad física y emocional de las personas.
Derivado de lo observado, el Instituto realiza la revisión de los hechos y lleva a cabo las acciones correspondientes conforme a la normatividad institucional.
Asimismo, a través de las áreas competentes, se brinda seguimiento al caso y acompañamiento a las personas involucradas.
El IMSS SLP promueve acciones de capacitación en buen trato dirigido al personal y reitera la disposición de atender cualquier duda o queja a través de los módulos de Trato Digno ubicados en las unidades.
El Instituto reitera su compromiso con el respeto, el trato digno y la convivencia armónica al interior de sus unidades médicas, en beneficio de las personas trabajadoras y de la derechohabiencia.»
Tras la publicación del documento, fuentes internas confirmaron que la trabajadora involucrada pudiese ser suspendida temporalmente de sus funciones de manera precautoria mientras el Órgano Interno de Control y el área de Relaciones Laborales concluyen la investigación formal. Este procedimiento podría derivar en el cese definitivo de su contrato en caso de un fallo no a su favor por violación a los códigos de ética institucionales.
Este caso siente un precedente, exigiendo auditorías reales en los módulos de «Trato Digno» y una reestructuración profunda en los filtros de atención al público.
